MORELIA Uno de cada tres policías rurales reprobaron exámenes de confianza

MORELIA, Mich.- 29 de agosto.- Agencia ESQUEMA.- Uno de cada tres policías rurales que realizaron sus exámenes de control y confianza reprobaron los mismos, con un 65 por ciento de elementos aprobados, según datos que proporcionó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, al rendir su comparecencia ante algunos diputados del Congreso del Estado, en particular ante los de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.

Sobre el tema, que era uno de los que más preocupaba a los legisladores, el titular de la SSP fue claro y manifestó que 3 mil 701 aspirantes fueron evaluados, de los cuales 2 mil 416 fueron aprobados y de ellos 957 causaron alta formal en la Fuerza Rural, la cual señaló, actualmente tiene presencia en 19 municipios.

            Con relación a la FR, Castellanos Becerra detalló que el perfil de la misma es poseer oficiales que estén plenamente identificados por la sociedad, pues resaltó que éste es un factor primordial para el correcto desempeño de los elementos, que de esta manera se ven comprometidos con su comunidad, por ser miembros activos de la misma.

También, ante algunos cuestionamientos de los diputados sobre la preparación de los rurales, Carlos Hugo Castellanos dijo: “Están siendo capacitados y entrenados operativamente con los conocimientos esenciales jurídicos y con los adiestramientos elementales, resaltando que son personas conocidas en su comunidad y principalmente por sus valores, principios éticos y con un profundo respeto y compromiso con la institución”.

Cabe resaltar, que el secretario de seguridad pública sumó a su comparecencia varias propuestas interesantes, como legislar para que a los ex servidores públicos que cometan un ilícito se les establezca la agravante de delito, además de modificar los códigos para castigar y evitar el uso indebido de uniformes, vehículos, equipo, insignias, distinciones, condecoraciones, con el objetivo de penar su clonación y considerarla como un delito grave.  

Igualmente, pidió revisar posibles modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal del Estado, para establecer sanciones al servidor público de cualquier institución de seguridad pública  estatal o municipal que dañe, altere, sustraiga o extravié por negligencia, los bienes, equipos y armas de fuego asignados para el ejercicio de sus funciones.

            Aunado a lo anterior, el funcionario indicó que ya se trabaja en la actualidad para la creación de una Policía de Usos y Costumbres, la cual operaría con recursos del estado en las comunidades indígenas y recalcó que los agentes de dicha corporación únicamente podrían patrullar en su pueblo, con la meta se salvaguardar la seguridad de sus habitantes y respetando siempre la autonomía de las comunidades indígenas.




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